El Gobierno de España ha interpuesto este lunes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), mediante registro telemático, el recurso de anulación contra el Reglamento de Ejecución 2022/1614 de la Comisión Europea que prohíbe la pesca en 87 áreas de la plataforma atlántica en profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, consideradas como ecosistemas marinos vulnerables.
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha considerado la veda de la pesca en las zonas fijadas por el reglamento como desproporcionado e injusto por no contar con la información científica más actual disponible, no contar con un informe de impacto y vulnerar, de esta forma, los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que establece el necesario equilibrio, en las decisiones que se adopten, entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible.
La demanda, que por su complejidad técnica ha requerido un intenso y coordinado trabajo entre los servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto Español de Oceanografía y la Abogacía del Estado, pone de relieve las deficiencias de fondo y de forma en las que habría incurrido la Comisión Europea en la elaboración de este acto de ejecución.