La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros, después de las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid cuando estalló la profunda crisis en el seno del Partido Popular (PP). La Fiscalía Especializada ha decidido finalmente que incoa diligencias, después de estudiar las tres denuncias presentadas por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. A partir de ahora se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones.