El objetivo de este programa es facilitar el acceso o el mantenimiento de un hogar a colectivos desfavorecidos, específicamente la afectados por una demanda de desahucio o un procedimiento de ejecución hipotecaria, víctimas de violencia de género y mujeres que sufren trata con fines de explotación sexual, hijos menores de 30 años de víctimas mortales por violencia de género, personas privadas de su vivienda por causas sobrevenidas e imprevistas o que se encuentren en situación de emergencia social, y jóvenes tutelados por la Xunta una vez consiguen la mayoría de edad, entre otros.
Con el fin de paliar este tipo de situaciones de vulnerabilidad, los beneficiarios tienen derecho la una prestación que, desde el año 2020, equivale al 100% de la renta que figure en su contrato de alquiler, siempre y cuando esta no supere la cuantía límite establecida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para cada área geográfico.
De este modo, en las 7 grandes ciudades el importe que asume la Xunta es de, como máximo, 550 euros al mes; en los ayuntamientos de tamaño medio y localizados en entornos urbanos, está fijado en 500 euros; y en el resto de municipios, el límite consigue los 425 euros.
En todo caso, estas cuantías se incrementan en un 20% cuando la unidad de convivencia del beneficiario necesite disponer de una vivienda adaptada o esté integrada por 5 o más miembros por lo que en estos supuestos el importe del bono podrá llegar hasta los 660, 600 o 510 euros, respectivamente y según la zona.