El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. La norma transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers y cumple con los objetivos del Gobierno en la lucha integral contra la corrupción contenidos en su acuerdo de coalición y en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024″. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que el objeto central de la futura ley es la protección «eficaz y efectiva» por parte de la Administración de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen informaciones relativas a infracciones del derecho de la Unión y derecho nacional. Cuando la información revele la posibilidad de que se haya cometido un delito, deberá comunicarse inmediatamente a la Fiscalía.