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La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8-M, decidió archivar la causa provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito. La jueza concluye, tras las diligencias de investigación practicadas, que Franco “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” entre el 5 y el 14 de marzo. La resolución señala también que el investigado “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.