Alexander Lukashenko ve como la presión internacional hacia su persona y su Gobierno aumenta con el paso de las horas tras el polémico aterrizaje forzado en Minsk de un vuelo de Ryanair, que concluyó con las detenciones del opositor bielorruso Román Protasevich y su acompañante Sofia Sapega.
A la decisión de varias aerolíneas, tras la recomendación de Bruselas, de no sobrevolar desde ahora espacio aéreo bielorruso, se suma también la prohibición a los aviones de este país de sobrevolar espacio aéreo comunitario, medida a la que suman también Reino Unido y Ucrania. La oposición liderada por la exiliada Svetlana Tijanóvskaya pedía este martes a la comunidad internacional un paso más en su implicación frente al régimen de Bielorrusia, recordando, como se pudo ver el domingo, que no solo los ciudadanos de este país están en peligro.
Este martes veía la luz la transcripción de la conversación entre el piloto del aparato y la torre de control de Minsk. En ella queda claro, tras la insistencia del comandante, que es Minsk y no Atenas ni Vilna la que recomienda aterrizar el avión en Bielorrusia. Todo ello tras asegurar al piloto que sus servicios especiales tenían la información de que había una bomba en el avión que podía ser activada desde Vilna, sin dar más detalles de dónde procedía dicha información.
Desde Rusia, siguen optando por la prudencia y acusan a la Unión Europea de estar tomando «decisiones precipitadas y muy costosas» con sus sanciones. Moscú sigue opinando que Minsk actuó adecuadamente teniendo en cuenta que había una amenaza de bomba. A través de su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, el Kremlin asegura estar totalmente a favor de llevar a cabo las investigaciones necesarias para llegar al fondo de un asunto que para la mayoría está bastante claro.