El diputado electo por Pontevedra y viceportavoz del BNG en la pasada legislatura, Luis Bará, compareció ante los medios de comunicación para realizar una doble denuncia en relación a los procedimientos de contratación de la Xunta en los últimos años: por una parte, las “muchas sombras” que presentan algunos de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia y, por otra, el incumplimiento sistemático de la ley de contratos, con la falta de transparencia exigida y el fraccionamiento de contratos para adjudicarlos discrecionalmente cómo práctica normalizada.
Sobre el primer asunto, las contrataciones relacionadas con el COVID, Bará avanzó que, una vez constituido el Parlamento gallego, el Bloque reclamará la documentación relativa a todos los expedientes de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia y solicitará una auditoría externa e independiente, tal y como ya había hecho en 2022 y que el PP había rechazado de aquella escudándose en un informe remitido a la Cámara que no era más que un “informe contable”, sin detallar la documentación completa solicitada.
Según Bará, ahora el Partido Popular pretende negar la auditoría sirviéndose de un informe del Consejo de Contas, cuando dicho informe “no es una auditoría” y refleja precisamente la opacidad administrativa y la falta de información por parte de la Xunta sobre estas contrataciones (no existe constancia del registro de contratos de los expedientes de emergencia tramitados por las distintas áreas sanitarias) y que, según advierte el propio ente fiscalizador, se realizaban por norma general de manera verbal, no se formalizaban posteriormente y no se les daba la publicidad oportuna, cuando la tramitación de emergencia no exime de dar publicidad a la adjudicación de los contratos.
El diputado electo del Bloque también recordó que el Consello de Contas recoge en lo su informe de julio de 2023 el incumplimiento generalizado de la legislación vigente en materia de contratos en los relativos al suministro de material fungible (como máscaras, guantes o batas), sin documentación relativa a antecedentes previos (peticiones de ofertas, presupuestos, propuestas de suministradores, acreditación de solvencia, etc), ni ningún acto administrativo dictado que soporte las adjudicaciones.