El frente nacionalista acusa al Gobierno gallego de consentir que haya menos personal y recursos que en la red pública para las 130 mil personas adscritas a este centro, además de vulneraciones con su personal que desembocaron en el actual conflicto laboral.
“La Xunta no puede seguir eludiendo sus responsabilidades, todo lo que acontece en este centro sanitario tiene que ser fiscalizado por el Sergas”, demandó la diputada y portavoz de Sanidad del BNG, Montse Prado, que viene de registrar iniciativas en el Parlamento gallego para solicitar que se actúe de inmediato para garantizar las condiciones laborales y la calidad sanitaria en este hospital privado, pero que recibe cada año más de 80 millones de euros de dinero publico y cuya facturación depende en un 80% del concierto singular con el Sergas.