El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que esta ley garantiza el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país: «El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida».
La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.
Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo y desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y tres días de reflexión.
La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.
Por su parte, los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales, se priorizarán los de última generación y se promocionará la corresponsabilidad, ya que esta cuestión «no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente», ha señalado Irene Montero.