Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha medidas -adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se vio correspondido por el Gobierno de España, que no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. La única medida que tomó el gobierno central es permitir que las entidades locales puedan gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental CIELO o ECO. Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus «ahorros», porque no suprimió la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por tanto, impide la muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma y porque, además, el gobierno establece en que pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos. Es insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridícula para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales pusieron en marcha, y deberán seguir poniendo en marcha en los próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos. Ante esta situación, las entidades locales -de todo signo político- a través de los órganos de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados solicitaron, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al Gobierno de España medidas cómo:
1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todas la entidades locales puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo a capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.
2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 nos sus ingresos y gastos presupuestarios.
3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos a consecuencia del estado de alarma provocó que muchas de ellas no finalicen en 2020.
4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas y sin condiciones a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Ninguna de estas peticiones tuvo respuesta por parte del Gobierno de España. Un gobierno que, en el mes de marzo, segundo pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las entidades locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país. El gobierno pretende que los ayuntamientos y gobiernos provinciales les prestemos «la totalidad» de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, solamente nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente definió el gobierno. El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por tanto, la asfixia financiera de los mismos. Además, en la propuesta que conocemos se incluyen varias de las medidas solicitadas por las entidades en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno. En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del Ayuntamiento Laracha, a adoptar los siguientes:
ACUERDOS
Manifestar:
1. El compromiso del Ayuntamiento de la Laracha con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que permitió a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno central.
2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento la cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los ayuntamientos y provincias, tanto de forma directa como veía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado para devolver a largo plazo.
Instar al gobierno de España a:
1. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
2. Atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ( LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de tesorería para la lucha contra los negativos efectos del COVID-19.
3. Que sí pretenden modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide @dito modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles.
4. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes y a la Xunta de Gobierno de la FEMP.