Con 257 votos en contra y solo tres votos a favor, la mayoría de los grupos del Senado han mostrado su rechazo a este texto, que instaba al Ejecutivo a solicitar la ilegalización de dos de los socios de investidura del PSOE por haber «vulnerado los principios democráticos» y por haber incurrido «de forma grave» en el apoyo «político expreso al terrorismo», además de por acompañar «la acción de la violencia» con sus programas y actuaciones. Desde el PP justifican su rechazo en que están del lado del respeto a los «valores constitucionales», argumentando a su vez que la moción es «innecesaria» porque, aunque prosperara, el Tribunal Supremo la rechazaría al no haber «ni una sola sentencia» que avale la disolución de ambas formaciones, que tienen «imputados» por terrorismo entre sus filas pero no así a «condenados».