La responsable de Política Institucional del Grupo Socialista, Teresa Porritt, denunció el abuso del silencio administrativo por parte del gobierno gallego, un “ejemplo de mala praxis administrativa que debe ser erradicada”. Porritt presentó una pregunta oral en Comisión en la que alertó del incumplimiento de las garantías a las que está obligada la administración, provocando “indefensión y desconfianza” en el administrado.
La responsable socialista llevó a la Comisión Institucional del Parlamento la alerta hecha pública por la Defensora del Pueblo en su último informe, en el que apunta a carencias importantes por la inactividad administrativa y el recurso excesivo del silencio administrativo”. Resumió que, según la Defensora, “los organismos públicos no se deben de amparar en el silencio administrativo para no darle respuesta a los administrados”.
La responsable socialista señaló la necesidad de garantizar los procedimientos por parte de la administración, mientras que el “silencio constituye un abuso que provoca indefensión, genera desconfianza en el administrado y vulnera sus derechos”.