El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía para informar sobre cómo afecta la ley de amnistía, que ha entrado en vigor este mismo martes tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y ha comunicado a la policía que la orden de detención nacional que adoptó contra él sigue vigente y activa.
En la providencia en la que acuerda dicha medida, el instructor da un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las defensas para que informen sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen no solo a Puigdemont, sino también a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También les pregunta sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
De momento, Llarena ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de Puigdemont, Comín, Puig y Rovira. Y avisa de que, por ello, «deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».