La inevitable reforma de las pensiones

El mantenimiento óptimo del sistema público de pensiones constituye uno de los problemas más graves y de mayor calado social a los que España se enfrentará a medio plazo.

En unos, cinco, seis o siete años, el gobierno de la nación, sea del color que sea, deberá afrontar si o si el problema y reformar, de una vez por todas, el pilar fundamental del sistema del bienestar, que no es otro que las pensiones.

De no realizarse y continuar como hasta ahora este sistema, más pronto que tarde, quebrará.

La percepción social existente es contraria a reformas que tengan como objetivo el reajuste económico así como el retraso en la edad de jubilación. En la mayoría de los hogares patrios hay conocimiento, contacto u incluso dependencia cuasi total de dicha retribución. Un derecho ganado a pulso por quien la recibe y que no quiere que las pertinentes reformas  lleven consigo la consabida pérdida de poder adquisitivo. Algo,  a todas luces injusto.

Ahora bien, la reforma se antoja inevitable. Existen una serie de condicionantes que así lo dictan. Para empezar debemos tener en cuenta que la población española, según el INE, alcanzará la cifra de 50 millones de habitantes en el año 2048. Además tenemos, por una parte, una esperanza de vida muy alta. La segunda del mundo tras Japón y que será la primera en poco tiempo. Esto provocará que podamos llegar a los 84 jubilados por 100 trabajadores activos a mediados de éste siglo. Por otra parte, una natalidad muy baja. La tasa de fertilidad es junto con Italia de las más bajas de los grandes de Europa. Donde pasamos de tener 2,8 hijos por mujer en edad fértil en la década de los 70 a 1,3 en 2016.

Por si esto fuera poco las  pensiones constituyen la partida más cuantiosa dentro de lo que supone gasto público. En 2017(último año donde se dispone de una clasificación funcional de dicho gasto) fue de 106.304 millones de euros. Lo cual supone el 40% del total del gasto del sector público y el 55% de los gastos de protección social. Para entenderlo mejor, si cabe, resaltar que el gasto en Salud pública no llega a los 70 millones de euros y en Educación, apenas supera los 46 millones y medio.

Tras las reformas de 2011 y 2013 y cuando finalice el período transitorio de aplicación de la ley 27/2011 estaremos obligados a cotizar 37 años y jubilarnos a los 67 para poder percibir el 100% de la pensión correspondiente. Y aún así, y estableciendo un cálculo a grosso modo, si  tenemos en consideración que la cotización constituye aproximadamente un 30 % del salario, en 11 años esta aportación económica estaría amortizada. Es decir, con 78 años. Actualmente la esperanza de vida  es de 83 años. Señalar también que el Pacto de Toledo volvió a introducir el IPC como índice de revalorización de las pensiones. Justo, si,  pero que aumenta aún más la brecha económica de las pensiones, también.

Otro aspecto altamente mejorable del sistema de pensiones es el de la financiación, que a día de hoy recae en las cotizaciones sociales pagadas por trabajadores y empresas. Unos ingresos, a su vez, que son empleados directamente en el pago de  las pensiones, sin pasar por el ahorro ergo fondo de capitalización que garantice el pago no sólo de las actuales, sino también las futuras.

Además dicha carga sobre el trabajo produce otros problemas. Aumenta el desempleo.  Incentiva las importaciones de otros países con cargas sociales financiadas de otro modo. Incita a utilizar máquinas y robots en contraposición al empleo humano y no  apoya  las exportaciones.

Y es que una reforma efectiva de nuestro sistema público de pensiones iría acompañado de medidas duras: un aumento considerable de la edad de jubilación (para la mayoría pero no todos los trabajos). Que el cálculo de la pensión se ligue a la cotización efectiva, satisfechas durante toda la vida laboral y no únicamente a los últimos 20 ó 25 años. Una tasa de reemplazo actualizada al de los países de la OCDE, lo que significa pasar del 88% al aproximadamente 55% en la relación entre la primera pensión devengada y el último salario recibido. Lo cual obliga a incentivar otras fuentes complementarias de las pensiones públicas. Sustituir una parte  sustancial de cotizaciones sociales actuales por un aumento de otros impuestos como el IVA. Así como  establecer criterios para la revalorización periódica de las pensiones.

Pero ¿por qué no se hace?

 Amén de la implementación de los sacrificios descritos traería también un enorme gasto político y coste electoral, que se cebaría con el partido en el gobierno encargado de llevar a cabo y liderar esta reforma. Produciendo el consiguiente retraso de lo que poco más puede esperar, sin correr riesgo de que sea demasiado tarde.

El déficit ha de ser cero puesto que no hay camino más rápido en la destrucción de algo que el hacerlo insostenible. Con la hucha finiquitada, el estado haciendo préstamos a la seguridad social y a la espera  de las  jubilaciones masivas de las generaciones del baby boom la reforma apremia. A pesar de la impopularidad de las medidas y con el fin de garantizar el derecho de quién ha trabajado y  cotizado urge la solución correcta. Ayudaría en gran medida poner fin al despilfarro en otras cuestiones, sangrantes a según qué desmanes, y que la gente perciba y consiga de una vez por todas visualizar una clase política alejada de la corrupción.

ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO