Trampa legal en el envío de propaganda electoral

A finales de septiembre, en el artículo: Otra campaña, otro despilfarro, advertíamos del enorme gasto tanto económico como ecológico, que el envío masivo y desproporcionado de propaganda electoral conlleva. Al mismo tiempo indicábamos la posibilidad y manera de ser excluido del  censo electoral, que los partidos políticos utilizan para estos envíos.

Pues bien, a pesar de existir un buen número de ciudadanos que han optado por su derecho a ser excluidos de este censo, evitando así la recepción de dicha publicidad y papeletas, continúan recibiéndola. Partidos como Vox, Unidas Podemos, En Comú Podem, Partido Regionalista Cántabro (PRC) ó Bloque Nacionalista Galego (BNG) son los que continúan con estos, poco éticos modos.

La trampa legal utilizada consiste en el envío de las cartas de los partidos con el epígrafe: Residentes en… De esta manera, el imaginario José Rodríguez García, residente en la también ficticia Av de Buenos Aires, 57, 3ºA, de digamos, Santiago de Compostela: ciudadano, mayor de edad, quien a su vez, ha solicitado en tiempo y forma la exclusión de dicho censo electoral, para evitar recibir propaganda electoral, pues, por lo que sea (está en su perfecto derecho), no la desea, continua recibiéndola.  Eso sí, a nombre de Residentes en Av Buenos Aires, 35, 3ºA, Santiago de Compostela.

Injusto, si, desmedido, también, pero perfecta y lamentablemente: legal.

La junta Electoral Central, a raíz de la consulta de un partido político, determinó el 9 de octubre que el envío de propaganda electoral mediante el llamado buzoneo, no incumple la ley electoral, puesto que dicha publicidad, no utiliza ningún tipo de identificación del destinatario y los partidos no emplean los datos personales de los electores. Con lo que, además, el derecho de oposición del ciudadano no se ve afectado.

Y así, con este ardid, el ciudadano que pretendía estar libre de propaganda, no lo consigue. Y no es la primera vez que sucede. En anteriores citas electorales esta “triquiñuela” ya había sido utilizada.

Cabe destacar que, a 7 de octubre de 2019, fecha límite para solicitar la exclusión en dicho censo, 810.367 personas, lo habían solicitado.

Dato, que hace aún más llamativo, que determinados partidos políticos pasen por alto la voluntad de un numeroso grupo de gente y empleen esta argucia, más propia de chiquillo travieso que de gente seria, con aspiraciones de gobierno o de ser copartícipe de gobierno. Poco rédito político podemos prever a quién esto realiza. Consiguiendo únicamente el aumento del hartazgo y del enfado hacia la clase política, focalizándolo, además, en estos “salteadores de derechos”. Otro motivo más para castigar en las urnas, y van unos cuantos.

Esperemos lean y tomen buena nota, corrigiendo el error. Pues, simplemente, no se puede consentir.

ALEJANDRO LUIS OTERO JAMARDO