El trascendental acuerdo establece el perímetro temporal de la medida de gracia- de 2012 a 2023- e incluye la principal de las reivindicaciones del partido de Carles Puigdemont: abrir la puerta a los casos de la denominada ‘lawfare’ o «judicialización de la política», tal y como reza el pacto, ya que desde Junts consideran que hay personas que no están implicadas directamente en el ‘procés’, pero que se han visto dañadas por un «uso estratégico de las leyes». Los firmantes se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, «antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». Esto puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos encausados en delitos distintos al proceso independentista.