El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha abierto unas diligencias preliminares que pretenden determinar si es competente para investigar a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, tras el asalto militar por parte de su Ejército al buque Madleen. El auto pide la colaboración con la Corte Penal Internacional -la cual mantiene una orden de arresto internacional contra el mandatario por presuntos crímenes humanitarios- y denuncia el asalto bajo un contexto de genocidio en Gaza.
Los tripulantes del Madleen trataron de alcanzar las costas de Gaza el pasado mes de junio para transportar víveres y útiles humanitarios a su población asediada. En él navegaban el cooperante español Sergio Toribio, la activista sueca Greta Thunberg o Rima Hassan, eurodiputada francesa. Los cooperantes denunciaron por vídeo y tras su liberación que fueron asediados en aguas internacionales durante la noche del 8 de junio. El texto de la denuncia reitera cómo los tripulantes fueron transportados por la fuerza a territorio israelí, incomunicados, despojados de sus pertenencias y obligados a ver propaganda del Ejército y el actual Ejecutivo israelí.
Sergio Toribio ya aseguró tras su deportación a territorio español que demandaría a Israel por sus acciones. Su abogado es Jaume Asens, eurodiputado de Sumar y una de las caras históricas de los Comunes en Cataluña.
Además del propio Toribio, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe se ha sumado a la querella contra el primer ministro y su ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante David Saar Salama y otros altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los demandantes se amparan en el principio de jurisdicción universal recogido en la legislación española para investigar a esos dirigentes, como ya ocurrió hace décadas con casos judiciales que investigaron a varios responsables de la dictadura argentina desarrollada a finales de los 70 y principios de los 80.