Así lo ha acordado este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ha abierto un juicio oral por parar las centrales hidroeléctricas del Tajo, el Duero y el Sil en diciembre de 2013 para encarecer la electricidad. El magistrado pide una fianza de más de 107 millones de euros cada directivo y les envía al banquillo de los acusados por «un delito relativo al mercado y a los consumidores». Además, en el caso de la filial de la eléctrica, le exige otra fianza de más de 192 millones de euros para «garantizar el pago de las multas» y «de las responsabilidades civiles». La fiscalía cree que pusieron en funcionamiento un sistema que aumentara más el precio de la electricidad de lo que lo hace la oferta y la demanda.