De este modo, la Comisión Europea anunció este jueves la apertura de un expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista AP-9 sin una previa licitación pública. La Comisión responde así a la demanda presentada por la asociación En-Colectivo. Bruselas envió una carta a las autoridades españolas para asegurarse de la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España, al igual que Italia, no cumplió con sus obligaciones en esta materia.
De esta forma se da la oportunidad a las empresas interesadas a optar a la concesión, promoviendo un mejor servicio al menor precio. Para corregir esto, Bruselas espera que las autoridades españolas saquen la renovación de la AP-9 a concurso público, lo que debería hacerse al acabar la vigencia de la concesión, en lugar de prorrogarse.
España tiene dos meses de plazo para contestar a las dudas expuestas por Bruselas. En caso de no responder satisfactoriamente, el Ejecutivo comunitario podría enviar un dictamen motivado y, como último paso, mandar a España al Tribunal de Justicia de la UE.