El Boletín Oficial de la Provincia publicó este lunes la resolución de concesión de las ayudas del programa «PEL-Concellos», la línea del Plan de Empleo Local (PEL) que permite a los ayuntamientos coruñeses contratar a personas desempleadas para la prestación de servicios básicos municipales. Este año, un total de 92 ayuntamientos coruñeses recibirán 3.547.620 euros para contratar la más de 400 personas durante un período máximo de un año.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó el “carácter social” de esta línea del PIEL, que “prima la contratación de personas con especiales dificultades de inserción laboral” y que supone también “una apuesta por el mundo rural”, ya que el 84% de los fondos (2.964.193 €) se conceden a municipios de menos de 20.000 habitantes, proporcionando a los ayuntamientos más pequeños los medios humanos necesarios para poder ofrecer servicios municipales de calidad. “Creemos en el rural y con este programa ayudamos a crear puestos de trabajo y a mejorar los servicios públicos que los ayuntamientos ofrecen al vecindario”, afirmó el presidente.
Las personas con mayor dificultad para encontrar trabajo serán la prioridad a la hora de seleccionar el personal, los ayuntamientos deberán aplicar criterios sociales y dar prioridad a la inserción de personas que pertenezcan a colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo.
Así pues, se beneficiará a personas mayores de 45 años, despedidas de larga duración, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, pertenecientes a hogares con todos sus miembros en paro, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión laboral o mujeres. Además, dentro de estos colectivos, los ayuntamientos primarán la aquellas personas que hayan finalizado favorablemente programas de capacitación, formación e integración en el mundo laboral organizados o financiados por las administraciones públicas.
Los operarios y operarias, deberán ser contratados con una jornada mínima semanal de 25 horas. Las ayudas se destinarán a sufragar los costes salariales, de Seguridad Social, las indemnizaciones por fin de contrato y la formación en materia de prevención de riesgos laborales de las nuevas contrataciones.