La Federación Gallega de Municipios y Provincias evidenció su rechazo a Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia al entender que pone algunas decisiones urbanísticas en “manos privadas” con la consecuente “inseguridad jurídica” para los ayuntamientos.
El presidente de la entidad, Alberto Varela, tras mantener un encuentro con el vicepresidente económico, Francisco Conde, emitió un comunicado trasladando “reticencias respecto a diversos aspectos relacionados con el borrador de la proposición de Ley” que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Para Varela “un punto inadmisible” de la norma es el “que modifica la tramitación para poner en marcha iniciativas empresariales con actuaciones de tipo urbanístico”.
A su juicio, el actual borrador permite que las iniciativas empresariales puedan desarrollarse con una simple certificación de conformidad emitida por una entidad de certificación y no con los preceptivos informes de los técnicos municipales “que pasarían a ser facultativos”. También criticó que las empresas certificadoras puedan ser parte interesada en el dicho sector de negocio ante lo que los ayuntamientos consideran que “ese procedimiento generará mayor número de expedientes de reposición de la legalidad urbanística y una mayor inseguridad jurídica en perjuicio de los propios emprendedores empresariales”.