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El ministerio público solicita, además, una indemnización de 150.000 euros para la víctima, a la que no podría aproximarse a menos de 1.000 metros, tanto «respecto de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde aquella se encuentre», durante una década. La Fiscalía pide además que se condene a 10 años de libertad vigilada al deportista brasileño, una vez cumpla la eventual pena de prisión de nueve años. El ministerio público mantiene que la violencia del acusado el día de los hechos hizo que la joven, de 21 años, se quedara «impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a seguir que le faltaba el aire dada la situación de angustia y terror ante lo que estaba viviendo».