La futura Ley fija deberes en materia de residuos peligrosos inabordables para los ayuntamientos


La ley obligará a los ayuntamientos a implantar un sistema de recogida selectiva de aquellos residuos domésticos considerados peligrosos antes del 31 de diciembre del año 2024 con el fin de garantizar que no contaminen otros flujos también de competencia municipal. Antes del 1 de enero de 2023 los ayuntamientos deberán elaborar un censo de carácter público en el que figuren todas las instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo a la vez un calendario para su retirada. Algo que desde el punto de vista de la Consellería de Medio Ambiente, ambas disposiciones resultan “preocupantes” tanto por las dificultades que supondrá para los ayuntamientos tener que cumplirlas dentro del horizonte temporal que establece la propia norma, como por los costes y los retos técnicos y materiales que implicará llevarlas a cabo.