- La magistrada entiende que «con la suspensión solicitada se causaría perjuicio al interés general» del Ayuntamiento
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña desestimó el recurso presentado por el regidor de Ponteceso, Lois García Carballido, para anular diversas mociones aprobadas en el pleno del mes de marzo de este 2021. El socialista, apoyado en estos momentos por tan sólo dos ediles en una corporación de trece, había denunciado al Ayuntamiento para que no salieran adelante varias mociones que, según el regidor, eran «nulas de pleno derecho». Entre esos acuerdos que Carballido pretendía anular se encuentra la modificación y formación de las comisiones informativas, la puesta a disposición del PP y de los concejales no adscritos de un despacho, la derogación del reglamento orgánico municipal y la modificación de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Ponteceso.
En el auto, la magistrada sentencia que «con la suspensión solicitada, se causaría perjuicio al interés general, toda vez, que se estaría dando prioridad al interés particular de los recurrentes, que discrepan de los acuerdos del Pleno, frente al interés general que representa legítimamente el Ayuntamiento demandado».
«Tiene que ser un juzgado el que recuerde que aún hay democracia en Ponteceso a pesar del gobierno municipal que tenemos», destaca el portavoz del PP, Daniel García Cotelo, tras conocer el auto judicial. Para los populares esta sentencia es «una buena noticia» con la que esperan que se «normalice la vida política en el municipio ya que estamos secuestrados desde hace ya demasiado tiempo por tres concejales en una corporación de trece».
«No vamos a consentir que los caprichos de tres personas sigan perjudicando a nuestros vecinos, que tienen todo el derecho del mundo a que se controlen las cuentas municipales, se haga un reglamento del Servizo de Axuda no Fogar o se sepa de una vez por todas lo que sucede en el despacho de la alcaldía», aseguró el portavoz popular en alusión a las supuestas grabaciones de conversas que acabaron saliendo a la luz pública. «Se grabaron y se difundieron conversaciones privadas en una dependencia municipal, y queremos saber con qué autoridad se instalaron cámaras, quién las instaló y si aún están instaladas”, insistió García Cotelo, que considera el auto judicial un «varapalo a las ansias absolutistas de Lois García Carballido».