La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa instan a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSXG a actuar contra la Mina de Touro. Presentaron en el Tribunal información oficial de Augas de Galicia que muestra que los efectos de esta explotación de cobre en los ríos, manantiales y aguas subterráneas son perjudiciales aun después del cierre.
Los colectivos tienen confianza en que las pruebas sustentadas son suficientes para plantear una denuncia y “depurar responsabilidades” que, como explica el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, no son solo privadas. Mediante el Real Decreto 2563/1982, la Xunta tiene competencia sobre las minas, lo que incluye “inspeccionar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales”. Además de dos artículos del Código penal y de la Constitución que hacen el caso denunciable.
La contaminación es detectable en una superficie de 65 km alrededor de la mina, y constatan desde ADEGA tras los análisis de los datos de Augas de Galicia, que ya hace 10 años que afecta al río Ulla así como que los tratamientos de regeneración y control sobre las balsas y ríos del entorno fracasaron a la hora de reducir el grado de acidez y de metales pesados. A esto, el secretario ejecutivo de la asociación, Fins Eirexas, añade que “en muchos casos superan el límite legal”.