El Gobierno autonómico andaluz del Partido Popular planea reconocer como agrícolas 800 hectáreas. La propuesta plantea emplear agua superficial de un nuevo trasvase, nunca del acuífero. Grupos ecologistas y la Comisión Europea han puesto el grito en el cielo. El ejecutivo conservador alega que se resarcirá así a centenares de pequeños agricultores excluidos del «Plan de la fresa» del anterior ejecutivo regional socialista. En 2021 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger los humedales, en evidente deterioro.
«Si es necesario, la Comisión tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que España cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo», comentaba Tim McPhie, portavoz de la Comisión. «Ahora estamos evaluando las observaciones que se están presentando y siguiendo de cerca los acontecimientos», concluyó.