Los Estados miembros de la Unión Europea decidieron aplazar la votación de un asunto cada vez más controvertido: ratificar o no la prohibición en todo el bloque, a partir de 2035, de la venta de vehículos nuevos con motor de combustión. El aplazamiento refleja sin duda el creciente descontento ante una de las medidas centrales para lograr la neutralidad climática a mediados de siglo.
La prohibición se diseñó inicialmente como una transición gradual, proponiendo que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan en el mercado de la Unión a partir de 2035 tengan una reducción del 100% de las emisiones de CO2. Una disposición que excluiría por tanto a todos los que funcionen con gasolina y diesel.
Bruselas eligió 2035 como fecha límite porque la vida media de los vehículos es de 15 años, y el Green Deal pretende que toda la economía sea neutra en emisiones de CO2 para 2050.
Se suponía que la votación del viernes de los embajadores de la Unión Europea no era sino una mera formalidad, después de que los dos colegisladores del bloque, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo, hubieran alcanzado en octubre un acuerdo provisional que mantenía intacta la fecha límite de 2035.