- Ángeles Vázquez recuerda que siete meses después de iniciar la tramitación “por la puerta de atrás” de este cambio normativo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar explicaciones
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, emplazó este miércoles al Estado desde el Parlamento a reunirse “de inmediato” con las entidades, empresas y administraciones públicas gallegas que podrían verse afectadas por la reforma del reglamento de la Ley de costas que empezó a tramitar el Ejecutivo la pasada primavera.
La titular gallega de Medio Ambiente explicó que el Ministerio para la Transición Ecológica inició una modificación del reglamento que contraviene el previsto en una norma con rango de ley -la Ley 2/2013, de 29 de mayo, para las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre (DPMT)-, así como las concesiones para su otorgamiento), al pretender que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años deberá contabilizarse desde la fecha inicial de la concesión, y no desde el año en el que fue tramitada la renovación de la misma.
Además, también se refirió a la nueva regulación con la que el Gobierno del Estado pretende condicionar la decisión de prorrogar o no las concesiones ya existentes porque, a su entender, introduce criterios abiertos, subjetivos e indeterminados que harán que la prórroga dependa “de la voluntad” del propio Ejecutivo central en cada caso.
Particularmente, se refirió a las más de 100 empresas gallegas de la cadena mar-industria, pero también incidió en que los cambios afectarían a colegios, centros de salud y otros edificios públicos localizados en primera línea litoral, y también podría llegar a tener implicaciones sobre los períodos máximos de concesión de los parques de cultivo y de las bateas. En total, estimó la conselleira, cerca de 5.000 edificaciones afectadas en 80 ayuntamientos costeros.
En el mes de abril, el Ejecutivo gallego alegó contra la modificación normativa en un “tiempo récord” ya que, tal y como recordó, el Gobierno hizo una “tramitación exprés” y “por la puerta de atrás” de la reforma.
Asimismo, la conselleira resaltó que la Xunta solicitó por escrito dos reuniones al Gobierno para aclarar lo antes posible las consecuencias de la modificación para Galicia, primero con el secretario de Estado de Medio Ambiente y en segunda instancia con la ministra de Transición Ecológica. “Pero pasaron siete meses desde la solicitud y seguimos sin tener respuesta”, lamentó Ángeles Vázquez.