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Desde Audasa, concesionaria de la AP-9, responden que se atienen a un convenio del 2009, basado en la ley del año 1988. En la ley actual, del 2015, se citan textualmente como casos de excepción de pago, entre más vehículos, las propias ambulancias durante su trabajo. Enrique Blanco, presidente de la Patronal Gallega de Ambulancias: “Si no la cumplen nos veremos en el deber de reclamar todos los pagos efectuados hasta hoy desde el 2015”. Las empresas de ambulancias gallegas sostienen que, de momento, no recibieron respuesta de Audasa y siguen a la espera de una solución.