La Xunta ya recibió más de 5.700 denuncias relacionadas con la covid-19 de los 176 ayuntamientos adheridos al convenio firmado entre la Xunta y Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). Además, ya están enviadas a los municipios para su firma alrededor de 2.000 acuerdos de inicio relativos a los expedientes sancionadores.
Una vez que estos acuerdos se remiten por los ayuntamientos después de ser firmados, las unidades tramitadoras de la Xunta proceden a su notificación a los presuntos infractores, como ya se hizo con los acuerdos ya firmados. El objetivo es agilizar la tramitación y que las sanciones lleguen lo antes posible a los infractores.
Así, el Gobierno gallego mediante el personal de las unidades tramitadoras colabora en la gestión de las denuncias pendientes de resolución de los ayuntamientos mediante la elaboración, gestión y notificación de estos acuerdos de incoación, con los que se aportan las cartas de pago correspondientes, así como de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera el pago o cuando haya alegatos. Por su parte, los municipios, a través del instructor designado para estos procedimientos, se encargan de la formalización y la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución.
A través de este convenio con la Fegamp, la Xunta presta asistencia técnica y material a los pequeños y medianos ayuntamientos con menos recursos en la gestión de las sanciones sobre incumplimientos de las medidas de prevención ante la covid-19 de competencia municipal. Esto es, casos relacionados con el uso obligatorio de la mascarilla, los aforos máximos, los controles de aglomeraciones de personas o por infringir horarios.