El actual contrato finaliza el 12 de agosto y la intención del gobierno local es que una nueva empresa se haga cargo durante un año, por lo menos, hasta no sacar a licitación un contrato de más duración, de la gestión de la piscina y el gimnasio después de que la actual concesionaria trasladara su intención de no continuar el servicio.
La alcaldesa, María Barral, mantuvo reuniones con los trabajadores y trabajadoras de la concesionaria para conocer de primera mano su situación después de que la propia empresa anunciara su intención de acceder a un preconcurso de acreedores y la inquietud y preocupación, lógica, que había entre todos los empleados de la misma.
La empresa le reclamó al Ayuntamiento dos indemnizaciones, amparadas por ley, a consecuencia de la afectación que tuvo en el servicio la pandemia durante 2020. Así, el Ayuntamiento le abonó con base la este concepto alrededor de 120.000 euros. Ahora presentó otra reclamación que incluye todo el año 2021 de más de 220.000 euros, una reclamación que los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento están estudiando.