26 edificios de titularidad autonómica están a ser rehabilitados con especial hincapié en las actuaciones de mejora de la eficiencia energética, gracias a la inversión de algo más de 27,3 millones de euros que la Xunta recibirá de fondos europeos Next Generation.
Finalmente este fue el número de proyectos aceptados que corresponden a la Comunidad autónoma, después de trabajar al por menor en cada uno de ellos para que se adaptaran a las características requeridas en el programa.
Una amplia mayoría de los edificios públicos, 21 en total, corresponden a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad. Se trata de obras en centros educativos de 16 ayuntamientos, la mayoría ya en marcha, que están viendo mejorada su eficiencia energética con nuevas luminarias, optimización de la calefacción, relevo de la carpintería exterior, renovación de las ventanas o cambio de las cubiertas, entre otras medidas. Estos trabajos se realizan siguiendo el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, aprobado hace unos meses y que diseña un modelo de escuelas poscovid.
Otros cuatro inmuebles son propiedad de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, que además es el departamento encargado de gestionar estas subvenciones. En este caso, se trata del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, localizado en A Coruña; el centro de interpretación del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en Lobios; el centro de recepción de visitantes del Parque Natural Invernadeiro, en Vilariño de Conso; y el edificio administrativo de la Consellería, situado en San Lázaro (Santiago de Compostela), donde se reducirá el consumo de energía en un 50%.
Asimismo, también se rehabilitarán los antiguos juzgados de la calle Lalín, en Vigo —propiedad de la Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo—, con el fin de albergar nuevos espacios destinados la asociaciones y entidades social de la ciudad. En este caso, se modificará completamente su envolvente térmica.
Hace falta señalar que los inmuebles tienen todos una fecha de antigüedad anterior a 2009, tal y como estaba indicado en el programa. Las obras deberán cumplir los requisitos de una reducción del consumo de energía de un mínimo del 30% y una política en la que por lo menos un 70% de los residuos de construcción y demolición se preparen para reciclaje y reutilización. Además, tendrán que seguir destinados a uso público y mantener ese uso un mínimo de 20 años desde el fin de las actuaciones.