Sumar registró este viernes una querella por prevaricación contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y contra los vocales que impulsaron hace unas semanas una declaración contra la ley de amnistía, a principios de noviembre, cuando no se conocía la proposición del Partido Socialista. El órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace cinco años, aprobó una declaración institucional que sostenía que la ley, entonces todavía un texto hipotético, suponía la “abolición del Estado de derecho”. Los vocales elegidos a propuesta del PP consiguieron que la institución más importante del tercer poder del Estado hiciera un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que en ese momento negociaban el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tuvo ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático. La querella acusa a los vocales promotores y a los firmantes del acuerdo de actuar “con sorprendente falta de rigor jurídico” al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían y cree que se posicionaron “claramente a favor de la postura defendida por un partido político”.