Sanciones millonarias con informes viciados por funcionarios acomodados a un sistema dictatorial interno en San Caetano propiciaron más de treinta denuncias en los últimos seis meses por parte de una empresa de comunicación de la provincia de Pontevedra que se siente acosada y claramente discriminada por la administración autonómica. Ante la impotencia de luchar contra ella, el siguiente paso afirma la empresa, será la denuncia persona a persona en la fiscalía y también ante la Valedora del Pueblo.
En otros departamentos autonómicos cabe destacar que el último informe anual de la Valedora del Pueblo constata incumplimientos reiterados, que el personal de Educación sigue sin contar con un protocolo contra el acoso laboral y que Sanidad se niega a que el suyo sea de aplicación también en los centros concertados. «Desde esta institución hemos insistido en varias ocasiones en la necesidad de actuar con celeridad ante las denuncias de situaciones compatibles con acoso laboral», dice la Defensora en su último informe anual, en el que destaca que «el hecho de demorar durante meses -o años- los procedimientos no solo afecta a las personas directamente implicadas sino que contribuye a la degradación del ambiente laboral y, en muchas ocasiones, deriva en situaciones imposibles de revertir».
Los casos que la Defensora incluye en su último informe anual «siete quejas, más del doble de las informadas el año pasado, dirigidas a las consellerías de Justicia, Educación, Sanidad y Presidencia», dejan en evidencia todo tipo de defectos en la tramitación tras las denuncias de las personas que dicen sufrir acoso. Son «tramitaciones muy demoradas en el tiempo, a menudo falta de información a la persona denunciante y en algunos casos se señala que no se hicieron las averiguaciones solicitadas».