El Bloque Nacionalista Galego exige explicaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre las irregularidades y dudas surgidas alrededor de la construcción del túnel de la Puerta del Sol-Elduayen. El frente nacionalista viene de registrar una batería de preguntas en el Parlamento gallego para que la Xunta aclare que medidas ha adoptado para la protección del patrimonio histórico afectado por las obras del túnel en Vigo.
“Estas últimas semanas estamos observando con preocupación una serie de actuaciones de dudosa legalidad. Queremos que Patrimonio clarifique estos aspectos y garantice que se está cumpliendo de forma escrupulosa con toda la normativa”, destacó la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Alexandra Fernández.
Los nacionalistas apuntaron algunas “sombras” sobre las obras que ni el Gobierno gallego ni el municipal han aclarado hasta el momento. Entre ellas, piden explicaciones sobre cómo va a afectar la construcción del túnel sobre el Casco Viejo, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y sometido a una figura de especial protección como el Pepri, que requiere de una autorización expresa del organismo de la Xunta.
La diputada nacionalista señaló que las excavaciones en el tramo de Elduayen no se realizaron en toda la zona afectada por la obra, por lo que se desconoce como afectarían estos trabajos sobre los restos de una antigua muralla de la ciudad en las cercanías con el Paseo de Alfonso. Cuestionó también que los yacimientos encontrados en Elduayen habían sido tapados con hormigón por parte del Ayuntamiento de Vigo, cuando Patrimonio había autorizado solo la cubrición con tierra y mallas geotextiles para que fuese posible removerla.
El futuro del antiguo pasadizo de las Cañerías es otra de las dudas sobre el proyecto para las que el BNG reclama explicaciones de la Xunta. Las obras desenterraron parte de este pasadizo, pero queda por aclarar si los restos serán destruidos cuando aún se desconoce cuál es su función y su valor patrimonial. “Estamos ante un cúmulo de actuaciones de dudosa legalidad que evidencian una falta de diligencia de Patrimonio para hacer cumplir con el mayor respeto la normativa”, remachó Fernández.