Después de cuatro meses, medio ciento de sesiones y más de cuatrocientos testigos, el juicio finalizó como comenzó, con los alegatos de los 12 acusados, que, como ya hicieron hace cuatro meses, defendieron que fue un juicio político que los juzgaron por sus ideas independentistas. La sentencia llegará, probablemente, después del verano. Se enfrentan a penas de entre 25 y 16 años de prisión por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación. Si son condenados, los independentistas tienen la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los acusados disponían de 15 minutos como máximo para su alegato final, un alegato en que no faltaron referencias al tiempo que llevan en prisión y también a sus familias. El ex-vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, fue el primero en intervenir y también el más breve. En apenas cinco minutos, Junqueras insistió en que votar no es delito, que no hubo violencia el 1 de octubre, y que por lo tanto tampoco fue una rebelión.
Los ex-conselleiros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull creen que este juicio solo prentende escarmentar a los independentistas. Jordi Sánchez denunció lo que considera abuso de la prisión preventiva. Tras la intervención de Mundó, el presidente del Tribunal declaró el juicio visto para sentencia.