VOX recurre el pasaporte covid y el ‘toque de queda’ en Galicia


El Presidente Provincial de Vox Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), contra la Orden del 29 de diciembre de 2021 de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia que establece “medidas específicas a consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma”.  También pide suspensión cautelar de las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia

La nueva Orden, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), incluye medidas como la obligación de presentar el certificado de vacunación del coronavirus para entrar en locales de hostelería, ocio nocturno, centros hospitalarios, centros deportivos o eventos, así como la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 3 y 6 de la madrugada, tanto en interiores como en exteriores.

En el recurso se advierte de que “la Resolución publicada el pasado 29 de diciembre vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, a la igualdad; 18.1, a la intimidad; y 19, a la libertad de circulación; de la Constitución Española (CE), todos ellos derechos amparados a través del artículo 53.2”.

Con respecto al Certificado Covid-19, el recurso se basa en que la resolución impugnada es arbitraria, desproporcionada y no supera el juicio de proporcionalidad. 

El escrito recoge que “la Orden dictada por el Gobierno de Galicia diferencia entre dos categorías de personas en el acceso a los derechos fundamentales, en virtud de un criterio irrazonable y arbitrario”. Advierte de que “lanza un peligroso mensaje de confianza, que genera confusión en la ciudadanía” puesto que sólo existe evidencia científica de que las vacunas protegen a las personas vacunadas frente al desarrollo de cuadros graves de la enfermedad, pero no existe evidencia de que no puedan contagiarse y transmitir la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El recurso también recoge cómo “la ética sanitaria se ve afectada por la imposición de este certificado para acceder a centros hospitalarios o a residencias de mayores, ya que implica el aislamiento de personas y, con mayor intensidad, a quienes se encuentren en fase terminal”.

En referencia al toque de queda establecido por el Gobierno gallego, el recurso incide en que vulnera el derecho de protección de los derechos fundamentales de las personas.

Recuerda que “la libre circulación de las personas sólo puede ser suspendida con motivo de la declaración del Estado de Excepción o Sitio, siempre que así́ se establezca expresamente en la autorización correspondiente”.  

En definitiva; se trata de evitar, con la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia, un mal mayor e irreparable.