Acuerdo sobre el régimen de teletrabajo de los empleados públicos en la Administración gallega


La Xunta de Galicia y la Confederación Intersindical Gallega (CIG) acaban de conseguir en la Comisión de Personal, el acuerdo sobre la implantación del nuevo régimen de teletrabajo de los empleados públicos en la Administración gallega.

Este acuerdo que será firmado en los próximos días y tendrá una vigencia de tres años, convierte a Galicia en la primera comunidad en adaptarse a la normativa de reforma del teletrabajo aprobada por el Gobierno central en septiembre.

La nueva normativa tiene como objetivo regular las condiciones y el procedimiento para autorizar la prestación de los servicios en la modalidad del teletrabajo al personal de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Se considera teletrabajo la modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial y funcional del puesto de trabajo puede desarrollarse –siempre que las necesidades del servicio lo permitan- fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Esta modalidad será voluntaria y reversible tanto para el empleado público que lo solicite como para la Administración. La autorización tendrá duración de un año y se prorrogará automáticamente en iguales condiciones mientras persistan las circunstancias que dieron lugar a esa autorización. En todo caso, las unidades administrativas contarán –con carácter general- con una presencia diaria mínima obligatoria del 40% de sus efectivos y la jornada de trabajo diaria no podrá fraccionarse para ser prestada en las dos modalidades (presencial y a distancia).

El teletrabajo será compatible con cualquiera de las modalidades horarias –común, flexible o especial- permitidas. Los días en los que se desarrolle la modalidad de teletrabajo, el horario de referencia para las personas que lo hayan autorizado será, con carácter general, el comprendido entre las 9,00h y las 14,30h. Además, el acuerdo reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital de los empleados públicos.