Afirman que «la Xunta viola la ley impidiendo la participación pública en la gestión de caza»


Varias organizaciones ecologistas (Ecologistas en Acción, Petón del Lobo y Cova Crea) denuncian que la Xunta de Galicia autoriza los campeonatos y batidas omitiendo la participación pública en la toma de decisiones con respeto a los recursos cinegéticos, que según la Ley de caza de Galicia, corresponden a todas las administradas y no exclusivamente al lobby de la caza.

Dichas asociaciones declaran que es muy difícil conseguir los actas de los distintos comités, es difícil acceder a los distintos planes de gestión de las especies cinegéticas, a los calendarios de los campeonatos de caza.

Señalan además que hay planes de gestión que no están actualizados y otros, como los del jabalí que pese a elaborarse no se llegaron a publicar en el boletín oficial correspondiente, por lo que existe un desconocimiento generalizado tanto de los censos de especies cinegéticas cómo de la gestión planificada desde la Consellería para cada una de ellas.

Según las organizaciones ecologistas hay toda una serie de procedimientos que necesitan de la autorización del órgano administrativo de caza y que nunca llegan a conocer su verdadero alcance ambiental, pese las implicaciones importantes que estas autorizaciones tienen sobre el medio ambiente y los recursos cinegéticos.

Ponen como ejemplo que no existe publicidad sobre de las aprobaciones de los Plan anuales de aprovechamientos cinegéticos, tampoco sobre de las aprobaciones de los Planes de ordenación cinegética y su renovación, ni sobre de las autorizaciones de cacerías que se realizan bajo las modalidades de batida, montaría, espera y acecho. No existe tampoco publicidad sobre los resultados cinegéticos de dichas cacerías. Tampoco sobre las autorizaciones concedidas para realizar gestión cinegética en vedados por razones técnicas, de seguridad, científicas, sanitarias o sociales, ni las autorizaciones otorgadas para cazar aves perjudiciales para la agricultura y la caza.

Tampoco sobre las autorizaciones para realizar las competiciones de caza y la publicación de los calendarios de estas con la adecuada antelación, ni sobre las autorizaciones para realizar batidas, montarías o esperas en zonas libres de caza, las autorizaciones para realizar batidas o montarías por daños ocasionados por las especies cinegéticas, las autorizaciones para realizar esperas y axexos por daños ocasionados por las especies cinegéticas, las autorizaciones para realizar sueltas de especies cinegéticas en medio natural, sobre las autorizaciones para la caza de la codorniz (Coturnix coturnix), pombo torcaz (Columba palumbus) y rula común (Streptopelia turtur), sobre la cría a la sol y un largo etcétera.

Existe, al mismo tiempo, una falta total de información en cuanto a las sueltas de especies cinegéticas, y el origen o destino de las mismas. Hecho que pone en peligro a identidad genética de las especies en Galicia.

Además, según denuncias las asociaciones ecologistas, en Galicia la planificación cinegética no cuenta con la preceptiva evaluación ambiental de los impactos de la actividad cinegética sobre de los ecosistemas y las familias que viven en el rural.

Recuerdan que los planes técnicos de caza son un instrumento de gestión aplicado a uno determinado terreno, que tiene por finalidad su aprovechamiento cinegético de acuerdo con el tamaño de las poblaciones objeto de caza, teniendo como prioridad a preservación y conservación de los hábitats, así como el mantenimiento del potencial biológico de las especies en medio natural. Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Natural substrae este documento de la participación pública y de la evaluación ambiental, por lo que el medio rural queda en manos del sector cinegético que solo representa al 1% de la población y que llena el monte de especies cinegéticas comerciales que desequilibran los ecosistemas y la biodiversidad.

La ausencia de seguimientos anuales y evaluaciones ambientales genera un descontrol absoluto en los ecosistemas produciendo un grave desequilibrio en su conservación.

Tanto los planes anuales de aprovechamiento cinegético como los planes de ordenación cinegética y su renovación habían debido contar con una evaluación de sus repercusiones sobre del medio natural. Hay que tener en cuenta que estos planes regulan los períodos hábiles de caza, las especies sobre las que se podrá ejercer, los métodos autorizados para su práctica y las limitaciones generales o particulares que afectarán al ejercicio de la actividad cinegética en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada 2020/21, que abarca el período comprendido entre lo 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio del año 2021. Los tecores o explotaciones cinegéticas comerciales que tengan vigente su plan de ordenación cinegética deberán presentar el plan anual de aprovechamiento cinegético ante la correspondiente jefatura territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, para lo cual deben presentar la correspondiente solicitud de autorización.

La opacidad que rodea a todos estos instrumentos de planificación cinegética incomoda a las familias que viven en el rural y a la ciudadanía que quiere hacer uso del monte en su tiempo de ocio. La Xunta de Galicia omite, violando la ley 21/2013 y el Convenio de Aarhus la participación del público en la toma de decisiones cinegéticas que afectan a toda la ciudadanía.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación, en España, de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, la consideración de los impactos ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, se reveló cómo una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico.

La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se sometieron la evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.