El BNG desarrolla una ofensiva contra la decisión tomada por la Unión Europea por infundada y por no respetar la soberanía pesquera gallega. Ante de la Agencia Europea de Control de la Pesca de Vigo, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, anunció que en la Comisión de Pesca que tendrá lugar en la Eurocámara el próximo lunes instará a retirar la normativa que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico adoptada por la Comisión Europea. Esta medida tiene un grave impacto en el sector pesquero de Galicia, ya que afecta a 200 barcos de capital gallego y 900 de forma indirecta, más de 4.000 tripulantes, y sobre todo los puertos de Vigo, Ribeira, A Coruña y Celeiro.
Según explicó Ana Miranda tras un acto de protesta que contó con la participación de la diputada en el Parlamento Gallego Carmela González y el portavoz municipal Xabier P. Iglesias, la normativa puede retirarse al entender que existe prevaricación “por no hacer el estudio socioeconómico”. En este sentido explicó que Irlanda ya solicitó la petición de suspensión, con un recurso presentado en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, “mientras al Estado no le venimos ninguna acción, solo anuncios y publicidad”, criticó. También reclamó que ni el Gobierno ni la Xunta había presentado un recurso en tiempo y forma antes de que finalizara el plazo.
Ana Miranda puso en valor las actuaciones desarrolladas por el Bloque desde el 15 de septiembre, día en que se conoció la decisión de la Comisión Europea y señaló que el día 19 una delegación del BNG encabezada por Ana Pontón se reunió con ARVI, el 23 se celebró un encuentro en Ribeira, y se presentaron diversas iniciativas tanto en el Ayuntamiento de Vigo como en el Congreso y el Parlamento Gallego, precisamente “frente a parálisis del gobierno gallego” denunciada por la diputada Carmela González, quien criticó la parálisis del presidente de la Xunta.
Por otro lado, la eurodiputada del Bloque criticó las incertidumes causadas por las informaciones contradictorias vertidas por el gobierno estatal, en especial el ministro Planas, y la Comisión. “Esperamos tener información clara y sobre todo transparencia, ya que no la hubo ni por parte del Estado, ni por parte de la Xunta, ni mucho menos por parte de la Comisión Europea”, subrayó.