COGAMI apuesta por una nueva normalidad más accesible, sin invasión de espacios públicos

Según nos vamos adaptando a la nueva realidad ocasionada por el COVID-19, desde la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) se hace una llamada de atención a la ciudadanía para que se respeten los espacios públicos, de manera que las personas con movilidad reducida y las mayores puedan desplazarse sin impedimentos. Con esta nueva normalidad, los espacios públicos están siendo ocupados frecuentemente por filas de personas que esperan el acceso a establecimientos y por las terrazas que ahora se extienden más en las aceras para mantener las distancias de seguridad. Si a esto se le añade la necesidad de cumplir con las distancias entre las personas, en palabras del presidente de COGAMI, Ángel Queiruga, “existe el peligro de que no se respeten los espacios ni las distancias en las aceras para una movilidad autónoma, cómoda y segura entre las personas con movilidad reducida y/o las personas mayores”.

Desde COGAMI, en colaboración con otras entidades españolas representantes de la discapacidad, se analizaron las principales barreras que pueden encontrar las personas durante el plan de transición. La normativa de accesibilidad vigente recoge que debe de haber 1,80 metros de separación entre las terrazas y los espacios peatonales, una distancia no siempre respetada al ampliar la distancia entre las mesas. Otra llamada de atención de COGAMI está relacionada con las medidas de prevención adoptadas que, al ser obligatorias, deben cumplir con las normas de accesibilidad en igualdad para todas las personas, como la colocación de dispensadores de higienización y su localización, la disponibilidad de contenedores sin pedal para la eliminación de residuos y el uso de máscaras.

La situación de confinamiento de muchas personas con movilidad reducida ya se daba desde antes de la pandemia, al igual que la existencia de barreras en el tránsito por las calles. Desde el movimiento asociativo se reivindica la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal y que las administraciones hagan seguimiento del cumplimiento de la norma de todas las actuaciones urbanísticas que se realicen. En Galicia fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios la Ley de Accesibilidad en 2014, con un plazo de 24 meses para la redacción y aprobación de un decreto que, a día de hoy, no fue aprobado aún siendo vital para el desarrollo de la ley.

En palabras de Ángel Queiruga “los espacios públicos deben ser lugares de convivencia para todas las personas en igualdad de condiciones”. Otras de las medidas que propone COGAMI son la realización de estudios previos de accesibilidad en obras o proyectos de infraestructuras; la elaboración y aprobación de un plan integral de accesibilidad autonómico con una Comisión Técnica de Accesibilidad como organismo de seguimiento de la aplicación de la ley y que cuente con la participación de entidades del movimiento asociativo de la discapacidad; la necesidad de que las viviendas de protección oficial públicas sean accesibles y con un porcentaje de reserva a personas con problemas de movilidad y también la mejora de la señalización de edificios públicos para facilitar la orientación y comprensión a todas las personas, entre otras.