El Congreso de los Diputados ha aprobado, con amplio apoyo de los grupos parlamentarios, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Ahora que será remitido al Senado para completar su tramitación.
El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.
Principales novedades
El proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que sin duda contribuirá a alcanzar el objetivo de garantizar conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.
El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de co-inversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) -tan necesarias para el 5G-, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.
Por primera vez, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.
Además, el proyecto de ley establece, también por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.
Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).