El Tribunal Constitucional aplicó doctrina y rechazó también los recursos de inconstitucionalidad que presentaron la Xunta de Galicia y la de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Gobierno español, que se aplica al patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros. Segundo informó este jueves la corte de garantías, los magistrados de la facción conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa anunciaron que presentarán votos particulares contra la decisión de la mayoría progresista recogida en dos sentencias de las que fueron ponentes los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez.
Estaba previsto que el TC se pronunciara en esta línea, como ya lo había hecho el pasado 7 de noviembre al rechazar la impugnación presentada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. De hecho, la Xunta, ante lo previsible de esta decisión, anunció la semana pasada en sede parlamentaria su intención de modificar el marco legal -a través de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos- para que Galicia “quede” con el que recaude de este impuesto.
El TC ya avanzó de aquella que aplicaría esta misma doctrina a los recursos pendientes contra lo impuesto a las grandes fortunas. Además de Madrid, Andalucía y Galicia, recurrió Murcia, todos ellos territorios gobernados por el Partido Popular. Tanto el Ejecutivo madrileño como el andaluz pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.