El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para la Ampliación de Derechos de los Pensionistas, la Reducción de la Brecha de Género y el Establecimiento de un Nuevo Marco de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.
El texto es fruto del acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, recoge recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y está enmarcado en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá ha afirmado que la norma blinda el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. Trasladamos, ha dicho, a los 11 millones de pensionistas que sus pensiones, no solamente están garantizadas y mantienen su poder adquisitivo en el año 2023, sino que hay «un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad».
Escrivá ha avanzado que la reforma introduce la equidad y la sostenibilidad en el sistema, mejora la situación de las personas que tienen carreras irregulares, así como las pensiones no contributivas y las mínimas. Además, reduce la brecha de género en pensiones e introduce un mecanismo de equidad entre generaciones que beneficiará a los pensionistas futuros.
Refuerzo de los ingresos
Los ingresos de la Seguridad Social se refuerzan mediante el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. También se crea una cuota de solidaridad, que se incorporará de forma progresiva para los salarios más altos, partiendo de una cuota de un 1% en 2025, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se refuerza hasta alcanzar los 1,2 puntos porcentuales en 2029. José Luis Escrivá ha argumentado que este mecanismo sustituye al que se estableció en la reforma de 2013 y que suponía que el pensionista podía perder hasta un 30% de su poder adquisitivo a lo largo de su vida.
Además, para los próximos 20 años se establece un régimen dual del periodo de cómputo. Los trabajadores que se jubilen podrán optar por computar los 29 años de carrera descartando sus dos años con peor cotización, o seguir con los 25 últimos años, como en la actualidad.
El ministro ha señalado que esta decisión favorecerá a las personas especialmente vulnerables, que tienen mayores lagunas en su carrera profesional, y a las que ahora son jóvenes porque conseguirán una pensión mayor.