El Parlamento aprueba la nueva Ley de residuos


El Parlamento gallego aprobó la Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia, que sustituye y moderniza el marco normativo vigente en los últimos 12 años con el reto de preparar a la comunidad para responder a los cambios que se han producido en este período con relación a la forma de consumir, a la generación de residuos y a las prioridades y necesidades desde el punto de vista de su gestión. Se trata del tercer texto legislativo impulsado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda que sale adelante en la actual legislatura.

Será una herramienta eficaz para garantizar que Galicia se adapte a las exigencias de futuro en esta materia y camine con paso decidido hacia la economía circular, que sustituya y destierre el modelo tradicional de extraer, usar y tirar. Una vez ratificada por el Parlamento, la Ley de residuos y suelos contaminados permite a la comunidad adelantarse al Gobierno del Estado a la hora de dotarse de un marco normativo moderno, eficaz y adaptado a la normativa comunitaria en relación la esta materia.

Con esta norma Galicia cierra el “círculo” de las herramientas jurídicas y normativas necesarias para consolidar su posición a la cabeza de Europa con relación a la sostenibilidad y a la gestión de los residuos, recordando los otros pasos clave dados por la Xunta en 2019 con la aprobación de la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2050 y de la Estrategia Gallega de Economía Circular 2020-2030.

En este sentido, la norma aprobada permitirá incidir en todas las fases de la cadena de residuos, empezando por la prevención y la reutilización, para lo cual integra el contenido de la directiva comunitaria en materia de plásticos, fijando mecanismos eficaces para luchar contra el plástico de un solo uso y contra el desperdicio alimentario, entre otros aspectos.

Estos son, precisamente, dos de los objetivos concretos más importantes de la normativa. Así, la gestión de los biorresiduos será uno de los pilares básicos en torno a los que la Ley gallega buscará la colaboración y coordinación con los ayuntamientos, como administración responsable directa de la gestión de los residuos domésticos.