El SLG pide la intervención de la Xunta ante las comisiones abusivas de Abanca

El Sindicato Labrego Galego (SLG) reclama «la devolución de las comisiones abusivas de mantenimiento cobradas por Abanca a su clientela, que subieron sin previo aviso a 50 € por semestre durante el confinamiento, lo que supone 100 euros anuales. Este incremento es desproporcionado, pues no responde a más servicio que mantener una cuenta abierta; e injustificable, pues la entidad bancaria tuvo unos beneficios de 405 millones de euros en 2019, por lo que no le va nada mal como para hacer estos cobros», afirman.

Como organización agraria, desde el SLG tenemos que señalar que estas comisiones abusivas tienen una repercusión mucho más grande en el rural debido a la amplia presencia en nuestro territorio de las sucursales de las antiguas cajas gallegas: Con más de 500 oficinas, Abanca está presente en 274 ayuntamientos y es la única entidad financiera con sucursal en 121. Para el SLG, Abanca se está aprovechando de su presencia privilegiada en la Galicia, pues sabe que las familias de estos 121 ayuntamientos rurales afectadas por las comisiones abusivas no marcharán porque no pueden elegir otra alternativa.

Desde el Sindicato Labrego Galego, más allá de su faceta como negocio, consideramos que las finanzas también son un servicio necesario que, más allá de su rentabilidad, debe ser accesible a toda la población, incluidas las personas que vivimos en el rural. Desde este punto de vista, y delante del fracaso en que finalizó la venta de Novagalicia Banco, surgida de la fusión de las antiguas cajas gallegas, la Xunta de Galicia debería intervenir para exigir que Abanca devuelva unas comisiones que, aunque legales, son abusivas a todas luces.

«Resulta intolerable que una entidad bancaria que sobrevivió gracias a fuertes inyecciones de dinero público -30.000 millones de euros según algunas fuentes- y que fue adquirida a un precio de saldo de 1.003 millones, aproveche ahora su posición de monopolio en 121 ayuntamientos rurales para abusar de su clientela sin que la Xunta mueva un dedo o pronuncie una sola palabra para evitarlo», concluyen.