Este fenómeno, en el centro del argumentario político del Gobierno gallego y del PP en los últimos años, se vuelve a revelar en los datos oficiales del Poder Judicial como minoritario en Galicia. De por sí y en comparación con otras problemáticas ligadas a la vivienda mucho más abundantes, los desahucios. No en vano, 2022 finalizó con quince desalojos por cada nuevo caso de ocupación ilegal abordado por los juzgados gallegos, una proporción semejante a la de años previos. A respeto del último año previo a la COVID tanto los desalojos como los nuevos casos de ocupaciones caen un 30%, según datos del Poder Judicial.
La pasada semana el Consejo General del Poder Judicial actualizó sus datos en este ámbito con la información del cuarto trimestre de 2022. El cómputo anual deja en Galicia 1.246 desahucios en viviendas alquiladas y 277 derivados de ejecuciones hipotecarias, lo que da un total de 1.523 desalojos. Mientras, los nuevos casos de ocupaciones ilegales en viviendas en las que “los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o #entidad públicas poseedoras de vivienda social” fueron 101. Estos datos no incluyen las viviendas ocupadas propiedad de los bancos, que según las inmobiliarias suponen el 80% del fenómeno en Galicia.
Después de que tanto 2020 cómo 2021 estuvieran fuertemente condicionados en los juzgados a causa de la pandemia -en 2020 se habían llegado a suspender los plazos procesales a causa del estado de alarma-, el primer ejercicio de relativa normalidad en este ámbito, el 2022, muestra que estos tres fenómenos ligados a la vivienda descendieron alrededor de un 30% en Galicia a respeto del último año completo previo a la COVID, el 2019, el primero en el que lo Poder Judicial ofreció datos de nuevos casos de ocupaciones ilegales para los cuatro trimestres del ejercicio (comenzó a divulgarlos a mediados de 2018). En aquel año los desahucios habían sido casi 2.200 y los nuevos casos de ocupaciones, 145.