El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés inmovilizó más de un millar de máscaras etiquetadas cómo FFP2 que ofrecían una menor protección de la señalada, ya que solo cumplían los requisitos de FFP1. Fuentes de Servicio Gallego de Salud explicaron que esta situación se emendó “de inmediato” y que se envió una “comunicación masiva” a todos los centros del área sanitaria para informar al respecto cuando se tuvo constancia de la misma. Además, se notificó lo ocurrido a todos los profesionales por correo electrónico.
Ante esta situación, el Sindicato de los Profesionales de la Sanidad Pública Gallega (Prosagap) afirmó que el Código penal contempla penas de prisión por no facilitar “los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas”. Por eso, avanzó que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.