La RAG le reclama a la Xunta un modelo educativo que garantice el futuro del gallego

La Real Academia Gallega se pronunció oficialmente a través de una declaración en que insta al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a buscar un nuevo modelo educativo que asegure la vitalidad de la lengua gallega y respete los derechos de sus hablantes. El último informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno respeto a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minorizadas recomendó eliminar de inmediato las “limitaciones” existentes para impartir docencia en lengua gallega, refiriéndose específicamente al llamado ‘decreto del plurilingüismo’ o ‘decreto del idioma’ en la enseñanza.

Esta recomendación, junto con la de modificar la Ley orgánica del poder judicial para garantizar el uso de las lenguas cooficiales en los procesos a petición de las partes o de mejorar su uso en la administración, ve “en la línea de las demandas” expresadas por la Academia, como así se lo hizo constar al propio Comité de Expertos. De hecho, la propia RAG fue la que le pidió al Consejo de Europa que aprobara una recomendación específica para que la Xunta “remueva los obstáculos” a la oferta formativa en lengua gallega.

Según recuerda, el Estado español está adherido a este tratado para proteger los derechos de los hablantes de las lenguas europeas y cumplirla “en sus términos más amplios”. El texto, en su artículo 8, compromete a las autoridades para ofrecer una línea de educación preescolar y de enseñanza primaria, secundaria, técnica y universitaria en lengua gallega.

La entidad presidida por Víctor Freixanes añadió, además, que tanto los datos sociolingüísticos de los últimos años como los estudios sobre la evolución del conocimiento del gallego constatan el “alarmante retroceso” en la población y en la juventud y “ponen de relieve” los “negativos efectos de las limitaciones de uso” en el sistema educativo.

Por todo ello, la Real Academia Gallega “se congratula del acuerdo” del Comité de ministros del Consejo de Europa e insta a las autoridades del Estado y, “especialmente, de la comunidad autónoma” a seguir las recomendaciones trasladadas en el informe.