La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, advirtió este miércoles que “es competencia de la Xunta de Galicia asegurar la actividad productiva de los ferroaleajes” de las fábricas de Ferroatlántica en Cee y Dumbría. La responsable socialista presentó una pregunta oral en la que alertó de las “lógicas dudas sobre la continuidad de una empresa fundamental para la Costa da Morte”, luego de su venta. Rodríguez Rumbo advirtió que “el gobierno gallego no puede obviar que la empresa Ferroatlántica se beneficia de concesiones públicas para explotar recursos naturales que son de todos los gallegos y las gallegas, supeditadas al mantenimiento y creación de puestos de trabajo”. Por eso le reclamó al presidente de la Xunta que les responda a los alcaldes y alcaldesas de la Costa da Morte, que el 12 de agosto solicitaron una reunión preocupados por el futuro de la factoría. La parlamentaria socialista le insistió al conselleiro de Industria, que respondió a la pregunta presentada hoy, que la empresa “tiene el deber de presentar un plan de viabilidad que garantice la la actividad de las ferroaleacións”, que el gobierno gallego viene de anunciar luego de las iniciativas presentadas por los socialistas en la Cámara autonómica. Recordó que la Xunta “tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para que la empresa había obtenido la resolución definitiva para la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos. Estas pasan por la no segregación de las actividades de producción de energía eléctrica y ferroaleacións, continuar con la producción de ferroaleaje y mantener el régimen de cotitularidade sin previa y expresa autorización administrativa. Autorización administrativa Mientras el gobierno gallego mantiene que la operación no requiere de autorización administrativa “porque no afecta a la titularidad”, Rodríguez Rumbo recordó que, en junio de este año, el Grupo Ferrotlántica SAU, filial de Ferroglobe PLC, acordó la venta de la totalidad de las acciones al fondo estadounidense TPG Sixth Streer Partners, que a su vez encomienda la gestión de los activos a la empresa Ithaca. La parlamentaria socialista recuerda que la autorización administrativa concedida en 1992 y la consiguiente resolución definitiva de 1994 establecía que el régimen de titularidad no podría ser alterado sin autorización administrativa, además de que impedía la segregación de las actividades de Ferroatlántica. Por eso señala que la venta debe ser autorizada previa y expresamente por Augas de Galicia, que tiene el deber de pronunciarse sobre se el negocio jurídico de Ferroatlántica está sujeto a la autorización previa. Esta conlleva la presentación de un Plan de Viabilidad que garantice la actividad de ferraleaxes y que especifique la continuidad del funcionamiento de todos los hornos y el mantenimiento del empleo.
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